El anticipo de $1.000 millones será usado para pagar sueldos

El Presidente habilitó por decreto el envío de fondos, que serán deducidos de la Coparticipación Federal. El instrumento remarca que el Estado provincial se ve “impedido, en forma transitoria, de atender financieramente sus compromisos más urgentes”.


La administración nacional a cargo de Alberto Fernández le dio a la Provincia una asistencia económica clave para garantizar el pago de sueldos, servicios y otras obligaciones del Estado.

Según el decreto 24/2020, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación, el Gobierno de Tucumán recibirá a modo de “anticipo financiero” la suma de $1.000 millones.

El dinero será deducido -o reintegrado- a través de un esquema de retención de la Coparticipación federal correspondiente a este distrito, en tres cuotas consecutivas e iguales, explicaron fuentes de la Casa de Gobierno.

El decreto, que lleva las firmas del presidente, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, detalla en los considerando que la Provincia se ve “impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”. Río Negro, Chaco, Chubut y Santa Cruz recibieron auxilios similares.

Fuentes con acceso a las finanzas provinciales confirmaron que, a partir de la llegada de dichos recursos, se podrá garantizar -entre otras obligaciones- el pago de los sueldos de diciembre (el 80% se comienza a acreditar a partir de mañana, empezando por el Siprosa y por el Instituto de la Vivienda). Así, el erario tendrá un pequeño alivio al inicio del ejercicio, en el marco de una crisis que llevó a profundizar la declaración de emergencia económica a nivel nacional y a instrumentar medidas de ajuste en la Provincia, como la suspensión de la última revisión salarial por la “cláusula gatillo” -afecta a más de 100.000 estatales- y el “congelamiento” de los haberes de funcionarios y legisladores.

El decreto firmado por Fernández indica que el Gobierno de Juan Manzur formuló el “requerimiento” del anticipo financiero con el fin de atender pagos urgentes. “Resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa la Provincia”, agrega.

En el articulado, en tanto, se faculta el área de Hacienda de la Nación a disponer la cancelación del anticipo “con más los intereses que se devenguen” a través de la afectación de los recursos coparticipables correspondientes a Tucumán.

El inicio del ejercicio 2020 puso en evidencia que la situación de las arcas provinciales es crítica. Según Manzur, se están viviendo los efectos de la gestión de Juntos por el Cambio. “En los dos últimos años, todas las erogaciones del Estado fueron actualizadas por inflación. Hubo una importante recesión, cayó el consumo un 12% en 2019 y bajó la actividad industrial. Hubo menos recaudación”, planteó el jefe del Poder Ejecutivo el lunes, tras el anuncio de las medidas de “contención del gasto público” en el Estado provincial. En este contexto, destacó que “el Gobierno provincial busca equilibrar las cuentas públicas”. Por eso, instrumentó un decreto con 17 disposiciones para lograr el “ajuste”. Entre ellas, el congelamiento de salarios de funcionarios jerárquicos del Ejecutivo; la prohibición de la adquisición y contratación de vehículos para uso oficial; y el impedimento de efectuar nuevos contratos de alquiler para dependencias públicas, todo esto durante los próximos seis meses. A contramano de lo que se pensaba en la Legislatura, el decreto no pasará por el recinto, donde se tratará la suspensión en la suba de las dietas el martes 28.

Antecedentes

Según los archivos del Boletín Oficial de la Nación, la última vez que Tucumán había necesitado una asistencia de estas características había sido en mayo de 2016, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En esa ocasión, el giro obtenido por el gobierno de Manzur había sido de $150 millones; es decir, 6,6 veces menos el monto habilitado en esta oportunidad por el presidente Fernández.

Por otro lado, a fines del año pasado, la Provincia había recurrido al endeudamiento privado -por primera vez en mucho tiempo- para poder garantizar los salarios de los estatales. El convenio -aprobado en general por la Legislatura, con el voto en contra del bloque de Fuerza Republicana- posibilitó el acceso a $3.000 millones. El reintegro del capital prestado por el Banco Macro, agente oficial, debe ser pagado por la Provincia en 30 cuotas mensuales, y se acordó un período de gracia para el repago del capital de seis meses, contados a partir del desembolso.

Claves de un contexto que preocupa

  1. En las paritarias 2018, el Gobierno provincial otorgó a los gremios la “cláusula gatillo”, que ajusta los salarios al ritmo de la inflación.
  2. En la Casa de Gobierno estiman que, por la suba de precios de los dos últimos ejercicios, la suba salarial rondaría un acumulado del 100%.
  3. El ministro de Economía Eduardo Garvich afirmó en una reunión en la Legislatura que el 70% del gasto público es por el pago de salarios.
  4. Gracias a normativas nacionales, las provincias pueden pedir a la Casa Rosada un anticipo de los recursos por coparticipación.
  5. Según el decreto de Alberto Fernández, el Gobierno provincial solicitó un giro de fondos para afrontar compromisos urgentes.
  6. El Poder Ejecutivo anunció que la Tesorería comenzará a pagar el 80% de los salarios de diciembre a estatales a partir de mañana.

Anuncio de Rentas

El Gobierno prorroga el régimen de facilidades de pago en busca de fortalecer la recaudación.

La Dirección de Rentas prorrogó hasta el 31 de este mes -inclusive- el restablecimiento del régimen de facilidades de pago en impuestos. El beneficio alcanza Ingresos Brutos, Salud Pública, Inmobiliario, Automotores y Rodados, así como también sobre las Tasas Retributivas de Servicios y al uso Especial del Agua, cuyos vencimientos hayan operado a la fecha de la presentación de la solicitud, incluidas las sanciones de multas previstas en el Código Tributario y las deudas que se encuentren en ejecución fiscal, en hasta 36 pagos con tasas de financiación del 2%, 2,5% y 3% mensual, de acuerdo a la cantidad de pagos parciales acordados.

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Fuente: La Gaceta

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